La mortalidad de aves por colisión y electrocución con tendidos eléctricos es un problema ambiental de primer orden y en particular constituye el factor de amenaza más relevante para la conservación de nuestras aves rapaces. En España más de 5 millones de aves mueren anualmente como consecuencia de la electrocución, de las que no menos de 33.000 son rapaces, protegidas por la legislación nacional e internacional. Por tanto, solo en La Rioja podrían perecer más de 50.000 aves anualmente por dicho motivo.
Este elevado daño que producimos a la fauna salvaje mediante las electrocuciones hace que este gravísimo problema ambiente pase por la agenda política y por los programas de las Administraciones competentes.
El marco de regulación nacional es el Real Decreto 1432/2008, que establece las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. En cambio, el marco normativo de referencia regional en estas cuestiones está obsoleto, muestra una falta de actualización con respecto a la norma nacional y europea, ya que se remonta a 1998 (Decreto 32/1998, de 30 de abril, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas con el objeto de proteger la avifauna). No obstante, además del marco nacional de referencia, otras leyes estatales inciden en la necesidad de garantizar la conservación de las especies amenazadas y establecen claras obligaciones legales de prevención y evitación de daños medioambientales por el riesgo de electrocución de fauna, tales como la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, la Ley 21/1992, de Industria, y la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.
El cumplimiento de estas obligaciones de prevención y evitación de daños ambientales ha de ser asumido expresa y legalmente por quienes generen esas actividades de riesgo, lo cual emana de la Directiva 2004/35/CE de Responsabilidad Medioambiental, traspuesta mediante la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. Eso significa que la obligación de asumir y reparar los costes ambientales corresponde al operador económico y profesional que lleve a cabo la actividad, no a la administración. Es cierto que las administraciones no pueden permanecer pasivas ni omitir, por competencia legal, sus responsabilidades en el requerimiento y/o subsanación de este problema de protección de la avifauna, pero lo han de hacer exigiendo a los titulares de las líneas eléctricas, en definitiva, a las compañías eléctricas, como Iberdrola.
En los presupuestos generales de La Rioja se viene apoyando mediante convenios a partes iguales a las empresas eléctricas para que corrijan los tendidos eléctricos. En el pasado ejercicio 2021 fue con 59.987,00 euros mientras que en los presupuestos correspondientes al 2022 asciende a 50.000 euros. En el caso del convenio firmado el pasado año entre la empresa Iberdrola y el Gobierno de La Rioja ambos aportaron la misma cantidad, 59.987,00 euros.
Amigos de la Tierra de La Rioja consideramos que resulta difícil explicar a la ciudadanía que el Gobierno de La Rioja, en un contexto con precios energéticos infraccionados, en un territorio en el que el 15,1% de los hogares tiene una situación de pobreza energética, siendo la 4º comunidad autónoma española con esa mayor tasa, invierta recursos públicos en convenios con empresas eléctricas para la responsabilidad de acciones que corresponde inequívocamente a dichas empresas.
Desde Amigos de la Tierra de La Rioja exigimos que se actualice el marco normativo regional en consonancia con los preceptos nacionales, con el objeto de que se corrijan todas las líneas eléctricas que ocasionan problemas a las aves, pero además nos preguntamos:
¿Con 120.000 € anuales, de los que el 50% son a cargo del erario público, se soluciona un problema ambiental tan grave?
¿Por qué el Gobierno de la Rioja realiza una inversión pública, y no exige a los operadores eléctricos privados el cumplimiento de la legislación, obligando a dichos operadores a corregir los tendidos eléctricos, como les demanda la legislación nacional?
Si los beneficios de una explotación son privados: ¿los perjuicios (reparar y corregir los daños ambientales) han de ser sufragados con dinero público?
Desde nuestro punto de vista, no consideramos ni ético, ni razonable, ni legal, que con dinero público se deban corregir parcialmente las líneas eléctricas operadas por empresas privadas. Algunas de esas empresas, que además se autopublicitan como “verdes “, omiten sus responsabilidad ambientales y legales, y el Gobierno de la Rioja, en vez de exigir las responsabilidades y la inversión para paliar y corregir los problemas, firma convenios con ellas, sufragados al 50% con dinero público y además con inversiones ridículas que difícilmente resuelven el problema a corto plazo.
En Logroño, 20 de enero de 2022
En primer lugar, un país como Canadá, que asociamos en nuestra cabeza con iglús, esquimales y pingüinos más que con sombrillas ha registrado temperaturas récord de 
amigos
La responsabilidad de conservar la naturaleza y el paisaje ha sido tradicionalmente asumida por las administraciones públicas, encargadas de proteger lugares de interés natural, cultural y paisajístico, utilizando las distintas figuras previstas en la legislación. Sin embargo, el patrimonio a conservar es tan amplio y extenso que desborda por completo el concepto de espacio natural protegido, y hace necesaria la implicación de otros actores sociales.
